Fotografía de Luis Sanjurjo
El 18 de septiembre se cumplió un año del secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
Un año. Hace apenas y hace ya un año, asistimos profundamente consternados a una realidad que se nos imponía nuevamente y que dejaba al descubierto la secuela casi inevitable, la consecuencia necesaria, de una historia sucesiva de hechos de impunidad que allanarían el camino para lo que sucedió con Julio López: una nueva desaparición.
Para todos nosotros -y así lo señalamos desde el Instituto Espacio para la Memoria en ese momento-, la realidad se imponía descarnadamente instalando -otra vez- en esta sociedad, en las víctimas, en los familiares de López, esa figura que nos decía que "no estaba ni vivo, ni muerto", que no se sabía dónde estaba, que si alguien había visto algo... Paradero desconocido.
Otra vez caminar la calle y las instituciones. Otra vez dibujar en nuestras bocas una consigna que nadie quería cantar, que nadie debió haber cantado nunca más. Si la impunidad hubiera sido derrotada, si no hubiera habido leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ni indultos. Y sí, resultaba indispensable, la aparición con vida y el castigo a los culpables. Pero no fueron juzgados y condenados los responsables de delitos de lesa humanidad como los que padeció nuestro país en los años de la Dictadura Militar instalada el 24 de marzo de 1976, y antes también. Y resulta que después, ahora, con López, de nuevo. No fueron juzgados como debió haber sido. Muchos fueron los recursos utilizados para que esos juzgamientos fracasaran, primero mediante leyes de autoamnistía y disposiciones de tribunales militares, luego mediante levantamientos y diversos artilugios jurídicos, que a la larga fracasarían gracias a las inclaudicables luchas que se opondrían a ellos, pero que dilataron las posibilidades de que esos delitos -juzgados como correspondía y corresponde- no se repitieran en el tiempo.
Aquello que había sido una metodología sistemática y planificada desde el poder para impedir cualquier oposición a la futura consolidación de un modelo económico de exclusión, -que construyó a lo largo y a lo ancho del país la infraestructura necesaria para implementarla y sostenerla, mediante métodos aberrantes, en los campos de concentración de prisioneros, con la práctica del secuestro, la tortura y el exterminio-, se reactualizaba dramáticamente en un hecho de secuestro y desaparición que representaba simbólicamente a treinta mil y que, a manos de sectores impunes que se resisten a pagar sus culpas, hoy se cobraba una nueva víctima.
La lucha sostenida por más de treinta años por quienes se vieron afectados trágicamente por la pérdida de sus seres queridos y de otros organismos y sectores sociales, desbarató todos y cada uno de esos intentos de legalizar una impunidad que era y es ilegítima. Por eso hoy, reabierta la posibilidad concreta de juzgamiento y condena a los genocidas con la nulidad de esas leyes, nuevamente se tiende un manto de amenaza a los testigos que, con sus relatos y testimonios, denuncian que la Argentina de la Dictadura fue, toda ella, un campo de concentración. Y que había autores intelectuales y materiales de esa represión planificada. Que las escuelas norteamericanas en las que eran formados los encargados del trabajo sucio, se replicaban siniestramente en otras escuelas locales que, convertidas en escenarios del horror, aplicaban la eficaz metodología aprendida.
Los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país en aquel oscuro escenario fueron sobradamente probados, los testimonios de familiares y sobrevivientes fueron escritos y reescritos, sus dichos peregrinaron incansablemente por los juzgados. La represión, las detenciones ilegales, las cárceles, los centros clandestinos, la tortura, el intercambio de prisioneros entre las dictaduras del Cono Sur, el robo de bebés, los asesinatos, fueron denunciados una y otra vez, se hicieron oir aquí y en el mundo, en estos juzgados y en tribunales internacionales, en las voces de personas de bien y de organizaciones que tomaron esos reclamos indispensables de Memoria, Verdad y Justicia, para no soltarlos nunca más.
Desde el Instituto Espacio para la Memoria, en tanto espacio plural que expresa la necesaria articulación entre los organismos de Derechos Humanos y el Estado -en donde éste asume la responsabilidad que le compete en relación a los delitos de lesa humanidad-, seguiremos impulsando estos reclamos. Hasta que no haya más metodologías aberrantes aplicadas a las personas, en ninguna circunstancia. Hasta que no haya más militares impunes, o presos en sus casas o en cárceles de lujo. Hasta que desaparezca la desaparición forzada de personas. Hasta que la justicia no sea un anhelo postergado sino una deuda saldada. Hasta que el respeto a los derechos humanos deje de ser un ideal convertido en consigna y sea un derecho adquirido y una práctica permanente a la que tenga acceso cabal el conjunto de la sociedad argentina. Hasta que la posibilidad de un mundo más justo, que fue aspiración y motor de la lucha de una generación, se convierta en una realidad palpable. Porque la recuperación de los valores solidarios que animaron las luchas políticas y sociales y la reivindicación del derecho a una vida digna, a la educación, la salud y el acceso a la justicia constituyen ejes centrales de la misión confiada al Instituto.
Ana María Careaga
Directora Ejecutiva
