Por Miguel Monserrat,
miembro del Consejo Directivo del IEM,
en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
a) la sanción jurídica
La recuperación del orden constitucional en diciembre de 1983 acaecida como consecuencia de la creciente resistencia popular, el agotamiento del régimen militar y la derrota en Malvinas, abrió los caminos para el conocimiento de la verdad sobre las causas y los efectos del Terrorismo de Estado y para el juzgamiento de los responsables de la sistemática violación a los derechos humanos.
El procesamiento a las Juntas Militares, la labor de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), la nulificación de la ley de autoamnistía que pretendió darse la dictadura para sus crímenes de lesa humanidad, junto a la derogación de la ley de facto sobre Ausencia con Presunción de Fallecimiento para clausurar las futuras investigaciones judiciales sobre la desaparición forzada de personas, constituyeron un avance para la condena del Terrorismo de Estado.
b) retroceso e impunidad
Pero, en 1986, debilitado el impulso inicial del gobierno constitucional, el camino hacia la verdad y la justicia comenzó a revertirse, como consecuencia de las presiones ejercidas por el reconstituido bloque de poder económico, político y militar que había sustentado a la dictadura.
El levantamiento militar de Semana Santa de 1987, explícita extorsión dirigida a impedir la acción de la justicia, logró consumar este propósito regresivo a través de la sanción de las inconstitucionales leyes de impunidad, llamadas de Punto Final y Obediencia Debida. Posteriormente, el presidente Carlos Saúl Menem consumó la impunidad total con los inconstitucionales decretos de indulto a los comandantes condenados junto a muchos otros militares que estaban siendo procesados.
Este retroceso reflejado en todos los órdenes de la vida nacional, tuvo efectos particularmente graves en los planos económico y social. Fue en este marco que se operaron las regresivas transformaciones económicas y sociales durante la imposición del Terrorismo de Estado y que luego fueron llevadas hasta sus últimas consecuencias en la década pasada por los gobiernos encabezados por Menem y FernandoDe la Rúa.
Esta involución ha generado inéditas condiciones de pobreza y desigualdad social, aún no superadas totalmente y que se proyectan hasta nuestros días, lo que constituye una violación a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Se mantiene la paradoja de derechos consagrados en la Constitución Nacional e incorporados al derecho internacional por Pactos y Tratados ratificados por el país en las últimas décadas, que han sido simultáneamente violados en forma sistemática en la vida cotidiana, como consecuencia directa de la imposición del antisocial modelo económico neoliberal.
El reordenamiento de las variables fundamentales de la macroeconomía, la recuperación del rol del Estado, la revalorarización del espacio de la actividad política, la orientación de la política exterior y de derechos humanos, la apuesta al Mercosur y a la integración latinoamericana, entre otros aspectos positivos de la actual gestión gubernamental, contrastan con la deuda social pendiente con los sectores reducidos a condiciones de pobreza y exclusión.
c) reapertura de los juicios
A poco de asumir el presidente Néstor Kirchner impulsó ante el Congreso de la Nación la nulidad de las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida), posteriormente convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La satisfacción de este reiterado reclamo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos hizo posible la reapertura de los juicios a los genocidas y las severas condenas a Julio Simón y a Miguel Etchecolatz.
d) reacción fascista
Las ejemplares sentencias dictadas provocaron la reacción de los sectores que sustentaron y usufructuaron a la dictadura y aún están enquistados en ciertos espacios políticos, económicos, militares, eclesiásticos, corporativos y mediáticos.
La acción solapada de estos grupos minoritarios nostálgicos de la “mano dura” y la impunidad torna evidente e innegable que están vinculados a la ominosa reaparición de amenazas a jueces, fiscales, testigos, abogados y militantes de derechos humanos y, fundamentalmente, a la desaparición forzada de Jorge Julio López.
Al mismo tiempo, estos sectores tratan de reinstalar la idea de la reconciliación nacional y demandan una ley de amnistía que tienda un manto de olvido para los responsables del genocidio sufrido por el país.
Frente a esta acción combinada, por un lado la repetición de hechos criminales como secuestros y desapariciones junto a cobardes amenazas anónimas, y por otro lado la campaña a favor del olvido y el perdón para los culpables de delitos atroces y aberrantes, que hasta el día de hoy reivindican su criminal accionar, la única respuesta ética y política es la reafirmación del compromiso de lucha por la memoria, la verdad y la justicia y la movilización mayoritaria de las fuerzas democráticas y progresistas de la sociedad argentina.
